• Presentación
• Nuestro estudio
• Nuestros alumnos
• Salidas profesionales

Presentación

En la actividad diaria realizamos una infinidad de actuaciones que pueden parecer que no tengan relación con el mundo jurídico, pero no es así:

Encendemos las luces y ponemos en marcha la radio o nos ponemos bajo la ducha. Estos servicios (agua, gas, electricidad) están gestionados por empresas que nos pasan la factura correspondiente, a las que podemos exigir el servicio, ya que tenemos un "contrato" con ellas.

Hay otra serie de actividades municipales que, sin darnos cuenta, presuponen la existencia de regulaciones jurídicas: calles limpias, pavimentación, alumbrado. El municipio nos lo recuerda enviándonos un aviso de pago de la tasa de recogida de basuras o del impuesto de bienes inmuebles.

Compramos un periódico o subimos al autobús y allí hay un contrato de compraventa o de transporte, que también se nos hace presente cuando llevamos el traje a la tintorería (contrato de alquiler de servicios y, a la vez, de depósito).

Si vamos en coche, es necesario respetar las normas de tránsito y, si vamos a recoger una carta, seguimos un determinado procedimiento (identificarnos, firmar un recibo, etc.) a fin de que nos entreguen el paquete o la carta certificada, una carta que confiamos -porque saben que "tenemos derecho"- que nadie la habrá abierto ni la habrá leído antes que nosotros.

Si fichamos al entrar al trabajo es porque tenemos la obligación de hacerlo, derivada del contrato de trabajo. Todo esto es derecho.

Nuestro estudio

Los objetivos formativos de los estudios de Derecho son proporcionar los conocimientos necesarios para estudiar el conjunto de normas legales que hay en nuestra sociedad, así como interpretar y aplicar las normas jurídicas. Como es interesante que durante los estudios los alumnos realicen prácticas profesionales reales (en un despacho de abogados, en un juzgado, en una notaría, etc.), la Facultad facilita los contactos y los mecanismos para que nuestros estudiantes conozcan efectivamente el mundo jurídico desde una vertiente práctica y dinámica.

Los contenidos básicos de los estudios de Derecho son: derecho administrativo, derecho procesal, derecho civil, derecho financiero y tributario, derecho constitucional, derecho mercantil, derecho internacional público y privado, derecho del trabajo y de la Seguridad Social, derecho penal, derecho eclesiástico y del Estado, derecho romano, teoría y filosofía del derecho, economía política y hacienda pública, prácticas, derecho comunitario europeo, historia del derecho, ciencia política.

La Facultad de Ciencias Jurídicas posibilita que los alumnos, durante la carrera de Derecho, se puedan especializar en dos ramas. Por eso es necesario que realicen diez asignaturas optativas predeterminadas más los créditos de libre elección orientados y los prácticums especializados.

• Licenciado/a en Derecho (Itinerario de Derecho Ambiental)
• Licenciado/a en Derecho (Itinerario en Derecho de la Empresa y la Contratación)

a) ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO DE LA EMPRESA Y LA CONTRATACIÓN

La licenciatura en Derecho de la URV permite seguir un itinerario de especialización en Derecho de la Empresa y la Contratación, cursando un total de 60 créditos, sin que eso implique ningún incremento en el número total de créditos de que los alumnos se han de matricular durante la carrera. Se les proporcionan los principales conocimientos relacionados con los aspectos jurídicos de los negocios y de las operaciones comerciales y se les hace desarrollar la capacidad crítica y constructiva que permite al jurista la utilización estratégica de los instrumentos empresariales. Para seguir la especialización con provecho, los alumnos disponen de un seguimiento tutelado.

b) ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO AMBIENTAL

El derecho ambiental es un sector emergente y dinámico que tiene cada vez más incidencia en el funcionamiento de la sociedad. Esto ha generado la demanda de un tipo de profesional especializado en Derecho Ambiental, tanto desde el punto de vista de las administraciones como desde el punto de vista de las empresas e, incluso, de las ONG dedicadas a la defensa de intereses ambientales. Esto abre múltiples posibilidades de cara a las salidas profesionales de los titulados especializados en Derecho Ambiental.

Los estudiantes de Derecho de la URV tienen la oportunidad de incorporar un certificado de especialización en Derecho Ambiental al título de licenciado/a.  Por eso será necesario que superen durante la licenciatura los 75 créditos correspondientes a las asignaturas que forman parte del primer módulo de los graduados superiores en Derecho Ambiental.

Esta especialización será un elemento diferencial en el título de licenciado obtenido en la URV, de manera que aquel que lo obtenga acreditará unos conocimientos específicos en Derecho Ambiental. Las asignaturas que habilitan para obtener el certificado abrazan un amplio abanico de materias que configuran un perfil de jurista ambiental de acuerdo con las necesidades existentes tanto en el mundo de la empresa como de la Administración.

Los estudiantes de la URV que hayan obtenido el certificado de especialización en Derecho Ambiental adjunto a la licenciatura sólo cursando 60 créditos suplementarios (un curso académico) tendrán el título de graduado superior en Derecho Ambiental. De esta manera los alumnos que opten por esta vía podrán acceder a dos títulos superiores en el plazo mínimo de 6 años y obtener así una formación específica y profunda en Derecho Ambiental, completada por una serie de créditos prácticos que aseguren una formación de calidad y plenamente orientada a satisfacer las demandas del mercado de trabajo.

Nuestros alumnos

Salidas profesionales

Los juristas están presentes en los procesos de gestación de normas - diseñando propuestas, asesorando en la redacción de nuevas leyes-, en los procesos de ejecución de las leyes -como técnicos al servicio de los diferentes órganos de la Administración Pública que velan para que la actuación de ésta respete el principio de legalidad-, en los procesos de interpretación y aplicación del derecho -como jueces, fiscales o abogados-, como consejeros jurídicos de los particulares que quieren regular sus relaciones por medio del derecho -abogados, notarios, etc.-.

Ejercicio libre de la profesión

• Abogados: una de las principales salidas de los licenciados en Derecho es el ejercicio libre de la abogacía. Abogar por cualquiera quiere decir defenderlo, intercedir por él, hacer de mediador en favor de él. Para adquirir la condición de abogado y ejercer la profesión se debe obtener el título de licenciado en Derecho y, además, pertenecer al Colegio de Abogados del ámbito territorial donde se quiera ejercer.

A diferencia de otros países, en el Estado español no se exige todavía ninguna preparación práctica especial, al margen de la licenciatura en Derecho, para colegiarse e iniciar la actividad profesional como abogado. Es por eso que la Universidad tiende cada vez más a potenciar este aspecto en el marco de los estudiantes jurídicos, ofreciendo a los estudiantes una o diversas asignaturas de Prácticum.

Las diferentes tareas que realiza el abogado se pueden agrupar en dos grandes bloques: el asesoramiento y la defensa jurídica. Por un lado, el profesional libre del derecho aconseja a sus clientes sobre la mejor forma de llevar a cabo y regular sus relaciones jurídicas; por otro lado, comparece ante los tribunales para defender los intereses de sus representados. De manera que no es suficiente que el abogado conozca a fondo -desde un punto de vista científico- el derecho vigente, sino que debe dominar también todas aquellas técnicas y prácticas -forenses, procesales, oratorias, de negociación, etc.- que hacen posible la aplicación diaria del derecho a la vida de los hechos.

• Procuradores de los tribunales: en muchos tipos de procesos judiciales, los particulares necesitan para comparecer ante los tribunales la asistencia de profesionales especializados llamados procuradores de tribunales. El procurador es un profesional del derecho legalmente habilitado que se dedica a representar las partes litigantes ante los tribunales de justicia. El procurador es quien, en los procesos judiciales, realiza, en nombre del demandante o del demandado en un juicio, todos aquellos actos que le pertocan. El procurador se convierte en el colaborador más inmediato del abogado, a quien ayuda a resolver las tareas de gestión, vigilar los plazos, practicar diligencias de trámite, etc.

El acceso a la profesión de procurador de los tribunales requiere ser licenciado en Derecho, obtener el título de procurador -que expide el Ministerio de Justicia a aquellas personas que reúnen las condiciones exigidas-, inscribirse en el colegio profesional respectivo y depositar una fianza para cubrir las responsabilidades civiles que puedan contraer en el ejercicio del cargo.

• Notarios y registradores: estos profesionales ejercen funciones públicas, pero lo hacen de modo similar a los profesionales libres. La remuneración no va a cargo de los presupuestos del Estado -como es el caso de los funcionarios-, sino directamente de los particulares, mediante honorarios o aranceles.

Las funciones de estos profesionales vienen determinadas por la necesidad de dotar de seguridad el tráfico jurídico y las relaciones patrimoniales. Tanto la función notarial como la función registral tienen su razón de ser en el ejercicio de la fe pública. Notarios y registradores están investidos de autoridad para "dar fe", de manera indudable, de determinados actos y situaciones con trascendencia jurídica.

El acceso a la profesión de notario o registrador se produce mediante oposición, en la que -atendidas las funciones que se deberán ejercer- el aspirante deberá acreditar un conocimiento muy profundo de temas de derecho privado (derecho civil, derecho hipotecario y derecho mercantil).

Juristas en la Administración de Justicia

• Jueces: la Administración de Justicia, como institución que tiene a su cargo juzgar y hacer cumplir aquello que se ha juzgado, está personificada por la figura de los jueces y los magistrados, profesionales del derecho especializados en la tarea de interpretar y aplicar las leyes en los casos particulares.

Para llegar a ser juez profesional, es decir, para ingresar en la carrera judicial, hay dos vías. Una es mediante una oposición libre, en la que se debe acreditar que se conocen todos los aspectos de la realidad jurídica. La otra vía de acceso es mediante un concurso de méritos entre juristas con experiencia y competencia reconocida.

• Fiscales: el profesional del derecho juega también otro papel importante en el ámbito de la Administración de Justicia como fiscal. El fiscal es defensor de toda la legalidad -no sólo de la penal- y, primordialmente, de la Constitución y de los derechos y libertades básicas de los ciudadanos. Es por esta razón que el Ministerio Fiscal está legitimado para interponer recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional (art. 162.1.b) CE) cuando considere que se han lesionado derechos fundamentales. Y lo está no porque posee la titularidad de los derechos lesionados, sino porque velar por el cumplimiento y la garantía de estos derechos es un interés público, y la defensa de este interés es la misión principal del Ministerio Fiscal.

Los fiscales, como los jueces, son funcionarios del Estado. Todos los fiscales pertenecen a un único cuerpo, organizado jerárquicamente. Para ingresar y ejercer profesionalmente como fiscal, la vía obligada es la de la oposición, en la que se debe demostrar -igual como en la oposición para la judicatura- un conocimiento global de la totalidad de la ordenación jurídica.

Entre las diferentes funciones que el jurista puede ejercer dentro del ámbito de la Administración de Justicia, está la de secretario judicial, quien, bajo la dirección del respectivo juez, tiene cuidado de la gestión y organización de la oficina judicial.

Juristas en la Administración Pública

El licenciado en Derecho que quiera entrar en el servicio de la Administración tiene un amplio repertorio de oficios entre los que se puede decidir, considerando la amplitud y la extensión del conjunto de órganos y funciones que llevan a cabo la actividad administrativa (desde la administración estatal, autonómica o municipal hasta un sinfín de organismos autónomos): letrados o abogados del Estado, técnicos superiores de la Administración civil, inspectores de finanzas del Estado, inspectores de trabajo y de la Seguridad Social, etc.

La tarea de los letrados o abogados del Estado, como el mismo nombre indica, es la de representar y defender el Estado en todos aquellos asuntos en los que la Administración tenga un interés directo, así como asesorar jurídicamente en la gestión cotidiana de los órganos administrativos y de gobierno.

La asesoría y consulta se puede convertir también en la actividad principal de un jurista al servicio del Estado: es el caso de los profesionales del derecho que ejercen de letrados en instituciones como el Consejo de Estado, las Cortes, el Tribunal Constitucional, así como en los órganos consultivos o los parlamentos de las diferentes comunidades autónomas.

Los técnicos superiores de la Administración Civil del Estado o los equivalentes al servicio de las comunidades autónomas se encargaban de gestionar, coordinar y estudiar a nivel superior el ámbito de la administración pública. Son expertos en gestión administrativa que elaboran proyectos, planifican y organizan la acción administrativa, siempre con la finalidad última de que se ajuste a los principios constitucionales de servir con objetividad los intereses generales, con pleno respeto a la ley y al derecho.

Docencia e investigación

Los juristas pueden dedicar también su vida profesional a la investigación científica y a la formación de nuevos juristas en el marco universitario. Estas son tareas que exigen igualmente una preparación específica y un elevado grado de especialización: el nuevo licenciado en Derecho que quiera seguir este camino deberá proseguir su formación académica mediante la realización de estudios de tercer ciclo o de posgrado -cursos de doctorado- a lo largo de los que profundizará en las técnicas de investigación y se especializará en una área de conocimiento determinada. Este proceso culmina con la elaboración de una tesis doctoral, que consiste en el trabajo original de investigación mediante el que se demuestra el conocimiento de la especialidad y se acredita la capacidad investigadora. La superación de esta etapa de formación conduce a la obtención del grado de doctor o doctora en Derecho.

Las tradicionales profesiones jurídicas están sometidas desde hace unos años a profundas transformaciones como consecuencia del uso intenso de las tecnologías de la información y del conocimiento en el nuevo paradigma que supone la sociedad de la información.

Los conocimientos de derecho, junto con el conocimiento de diversas lenguas, el uso de herramientas telemáticas, la formación en técnicas de negociación, el estudio de las nuevas disciplinas jurídicas que derivan de la sociedad de la información y el Prácticum virtual hacen que los licenciados estén capacitados para participar activamente en el mercado laboral y convertir en oportunidades los retos que estas transformaciones suponen.

En cuanto a nuestra especialización en Derecho de la Empresa y Contratación, se debe decir que, además de las salidas profesionales genéricas de cualquier licenciado en Derecho, la especialización capacita al jurista para desarrollar tareas profesionales en:

• asesoría fiscal
• asesoría jurídica de empresas
• banca y entidades financieras
• departamento jurídico de empresas
• sector turístico